Era yo un recién llegado a la mayoría de edad cuando en España ya pululaba por el mundo político, y también social, el debate sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. Tanto el Partido Popular como otros organismos socialistas, como la Comunidad Autónoma de Aragón, ponían en cuestión la constitucionalidad del Estatut que Zapatero y Artur Mas pactaron mientras ERC y compañía se rasgaban las vestiduras por eso de parecer este acuerdo una traición al tri – partito que socialistas, republicanos e Iniciativa mantienen en Cataluña.
Tras pasar alrededor de 4 años desde que el PP presentó un recurso al Tribunal Constitucional sobre 113 artículos que pretende impugnar, el debate sigue abierto debido a que dicho Tribunal sigue sin llegar a una sentencia firme que dicte si el Estatut se ajusta o no a la Ley Suprema de los españoles. Cinco han sido los intentos. Cinco han sido las ponencias que los miembros del Tribunal han presentado. Y las cinco veces se ha producido el fracaso.
Esta quinta y, de momento, última ponencia, fue presentada por Elisa Pérez Vera pero desestimada por 4 votos a favor y 6 en contra. Aunque el motivo de la polémica que se vive actualmente no viene porque se fracase de nuevo. Nace porque el siguiente, el elegido para defender o no la inconstitucionalidad del texto, es un miembro conservador: Guillermo Jiménez, de 70 años y cuyo cargo debió expirar en 2007. Les explico. Este Tribunal debería haber sido ya renovado pero por culpa de la sentencia inexistente del Estatut, siguen los mismos de siempre. Por lo que es ahora cuando el Presidente de Cataluña, José Montilla (PSOE), pide que el Tribunal se renueve para que no sea un conservador el próximo ponente que, casi seguro, consiga poner a todos de acuerdo para no votar a favor de que esta Ley salga adelante. Eso se llama ser oportuno y patalear cuando el chupete se vuelve agrio.
Apunten, además, que en pocos meses habrá elecciones en Cataluña y el debate estará abierto ya que la resolución no llegará hasta después de éstas. Y el tri – partito tiembla ya que las encuestas no dan un resultado favorable debido al crecimiento de CIU que podría gobernar con los votos del PP. Comienzan los nervios.
Tras todo esto, el argumento que se utilizó es que con este nuevo Estatut España se dividía en dos. Y yo no voy a entrar en si esto es así o no. Me parece una memez que Cataluña puede ser independiente de España. Que Cataluña pueda ser una nación española para mi es inconstitucional. Y llego a la misma conclusión de siempre y es que cierto sector político siembra el enfrentamiento entre dos bandos tan solo por su bien, importándolos un pimiento la ciudadanía. Quiero que se fijen en el gráfico que abre este artículo para que se den cuenta de lo que les importa a los catalanes la independencia de Cataluña. Una encuesta realizada por TNS Demoscopia para el Grupo Antena 3 da un resultado aplastante: casi el 60 % de los encuestados quieren que siga siendo una CCAA mientras que poco más del 28 % añora la independencia. ¿Qué pasa? Que una ciudad realizando un referéndum sobre la soberanía vende mucho en los medios de comunicación y es noticia de portada al día siguiente. Pero realmente a la amplia mayoría de los ciudadanos les resbala.
Eso si. Los partidos políticos se pelean por ello y dan un ejemplo barriobajero a la población que los imitan o les siguen el ritmo con manifestaciones o votaciones ilegales como las mencionadas antes. Y no digo yo que no tengan derecho a pedir la independencia. Pero no cabe el debate aunque se aviva con la tardanza del Tribunal Supremo. No veo a España como la Springfield de Los Simpsons dividida en dos por el cambio de prefijo telefónico, por la sentencia de un Tribunal sobre una Ley sin consensuar en el Parlamento. ¡Qué son 113 los artículos impugnados! No son ni uno, ni dos. Son 113. Por lo que salta a la vista que no debe de estar muy claro que se adapte como un guante a la Constitución. Quizás sea yo el único que caiga en esto.
Las pataletas de Montilla & Cía me resultan simpáticas sobre todo cuando culpa al Partido Popular de la situación. Que si Mariano Rajoy es el único responsable tras aquella faraónica recogida de firmas que utilizó para enfrentar a España en una legislatura basada en la crispación. Recuerdo, son 113 los artículos dudosos de legalidad. Si el PP estuviese confundido, ¿no creen que el Tribunal Constitucional hubiese sentenciado a favor del Estatut hace tiempo? A ver si a la sexta, va la vencida.
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