Deudas municipales

La crisis económica que asola España está dejando en evidencia numerosos problemas que este país arrastraba pero que no se analizaban ni se aderezaban por la trayectoria positiva del crecimiento. La construcción permitía a los Ayuntamientos multiplicar sus ingresos por los impuestos y el resto de administraciones no veían inconveniente en los escasos planes de viabilidad que existían y no contemplaban la llegada de las “vacas flacas”.

Ha sido Alberto Ruíz Gallardón, Alcalde de Madrid, el primero en sacar a la palestra una cuestión incómoda pero real que puede hacer que, tras las elecciones municipales de marzo y nunca antes para no perder votos, muchos Ayuntamientos se declaren insolventes. Madrid supera los 7.000 millones de € de deuda y las entidades financieras no pueden confiar más en el Consistorio. No se reciben más créditos y el Estado no está dispuesto a prestar financiación por un déficit público ya desorbitado de por sí. Pero la historia no es sólo madrileña, ya que decenas de municipios, al margen de éste, están al borde de la insolvencia.

Las deudas existentes de los Ayuntamientos de España están haciendo insostenibles estas instituciones públicas que han visto cómo su endeudamiento ha crecido de forma considerable por numerosas razones. Algunas como el aumento de la población que ha hecho que se acrecentaran los servicios prestados. Y los ingresos, que se estacaron con el fin de la burbuja inmobiliaria y que se han intentado mantener con los impuestos municipales a los ciudadanos, sin éxito. A ello, sumen una serie de gastos y servicios insostenibles para unas arcas con tembleque que, en ocasiones, superan las competencias municipales. Quiero decir que los Ayuntamientos hacen frente a gastos a los cuales deberían responder las Comunidades Autónomas o el Estado, y no es así.

Quiero que imaginen que su municipio se declarase insolvente. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrelavega saca a la luz que no puede hacer frente a más gastos ni pagar las nóminas de sus trabajadores el próximo mes. ¿Qué ocurriría? Serían cientos las personas afectadas que dejarían de tener un ingreso mensual además de las empresas concesionarias de servicios municipales que aguantan las deudas actuales y verían imposible cobrarlas en un futuro. Se acabaría el servicio de limpieza y basuras, el de suministro de agua, guarderías municipales, servicios sociales, mantenimiento del alumbrado y mobiliario urbano… Un caos total al cual habría que encontrar solución para que no se produjese.

Pero hay algo más y es la falta de visión de los políticos hacia esta posible caída financiera de los municipios. ¿Se acuerdan del Plan E? El Gobierno de España puso en marcha esta medida que consistía en inyectar dinero a los Ayuntamientos con el fin de que lo invirtiesen en obra pública. Las cuantías no permitían realizar grandes proyectos, pero si arreglo de calzadas, mobiliario y servicios. Hemos visto nuevos semáforos, nueva señalización, lavado de cara en cementerios y aceras… Un plan con el cual se pretendía disminuir el desempleo creando trabajo temporal y reactivando la economía. La medida tuvo su efecto positivo, aunque fue ínfimo y las tasas de paro siguen siendo altas. Dicho lo cual, hubiese sido más efectivo utilizar esa partida monetaria para que los municipios redujesen su deuda con las empresas concesionarias y, así, hacer mas sostenibles las cuentas públicas. El procedimiento hubiese sido más efectivo – se reduce la deuda y las empresas puede seguir prestando servicios sin disminuir plantilla – aunque la imagen del Gobierno hubiese sido menos provechosa frente a la población.

En resumen general, los Ayuntamientos están endeudados hasta las cejas, sus cuentas públicas son inestables y la prestación de servicios raya la incompetencia frente al resto de Administraciones Públicas. A partir de aquí, habrá que hacer auto crítica y ver en dónde se ha producido el desfase de gasto, dónde se podría haber ahorrado y en qué partidas se ha gastado más de lo previsto. O si las previsiones eran correctas o no se han tenido en cuenta los aumentos de población y los consiguientes servicios que conllevan. Acuérdense de los altercados que se producen en Noja cada verano por el aumento del IBI por parte del Ayuntamiento ya que la población se multiplica en la época estival y hace difícil el mantenimiento de los servicios.

Habrá que buscar una solución a todo ello. No podemos dejar caer a los Ayuntamientos, que dejen de pagar las nóminas y los servicios se congelen. Tampoco que el Estado se haga cargo de la deuda pero sí que éste tome conciencia de los favores que los municipios le hacen no siendo su labor. Habrá que diferenciar las asistencias y hacerlas viables.

Junto a ésto, El Diario Montañés publica hoy una serie de datos que lanzan la pregunta de si en Cantabria existen demasiados municipios: 102 para una población de casi 590.000 personas. Los políticos regionales no quieren pronunciarse, aunque si dejan caer la idea de la unificación de ayuntamientos. Piensen un poco en la cantidad de personas que mantenemos en las Administraciones municipales: alcaldes, concejales, secretarios, pedáneos, directivos, funcionarios… para municipios realmente pequeños que son los que abundan en Cantabria.

¿La unificación sería una solución? En parte sí pero el procedimiento sería complicado y, quizás, caro. Como cuenta la publicación regional, existe un estudio de la Universidad de Cantabria encargado por el Gobierno en el que anima a ello y propone una hoja de ruta para su puesta en marcha. Textualmente “este documento no dice que sólo deba haber doce ayuntamientos en Cantabria, sino que cada comarca, por ejemplo, tendría un núcleo de cabecera y varias localidades con delegaciones administrativas”. Y razón llevan cuando dicen que la comarca es el modelo ideal ya que no es demasiado grande ni demasiado pequeño optimizando recursos para la felicidad de la ciudadanía.

Algo hay que hacer, alguien debe tomar la iniciativa, ser valiente y tirar la primera piedra. No debe ser un “tema tabú” por el cual no pronunciarse. Los políticos deberán renunciar a esos cargos públicos en los Ayuntamientos que sobran – por ser inviables o pequeños –. No obstante, quiero dejar claro que los municipios más pequeños no son los más endeudados pero si los que más difícil lo tienen para proporcionar recursos a la ciudadanía por los escasos ingresos. Y los más grandes tampoco tienen que ser los que más deben pero si los que más fácil ofrecen servicios al cubrir más población. Por tanto, unos ayuntamientos divididos en comarcas que dividan los gastos y cubran a una mayor parte de la población serían los más viables y efectivos. ¿Será tan difícil de conseguir? Conlleva mucho estudio, trabajo y consenso. Si nos ponemos las pilas desde ya, lo podremos conseguir. Si bien siempre tiene que ocurrir algo desproporcionado – que caiga el primer Ayuntamiento – para que nos pongamos manos a la obra.