El dispendio televisivo autonómico

Es momento de hablar de recortes en empresas públicas pero cuesta cuando esto conlleva una reducción de personal de las mismas. Una economía que sostiene casi 5 millones de parados, necesita una bajada de gasto superfluo en los presupuestos públicos que permita desviar ese desembolso hacia otras partidas de ámbito social.

Un tipo de empresa que presta servicio público y que actualmente se encuentra en la picota, es el modelo de televisión autonómica. Galicia, Asturias, Aragón, País Vasco, Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia, Castilla La Mancha, Andalucía, Canarias y Baleares son las CCAA que actualmente cuentan con este tipo de televisión. Son Comunidades que viven una reducción de ingresos considerable por la crisis y que necesitan aumentarlos o reducir su gasto de alguna manera que sea lo menos perjudicial para la ciudadanía; aunque este principio quede olvidado en muchos de los casos.

A raíz de las declaraciones del nuevo Presidente de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, se ha abierto el debate de qué hacer con este modelo de televisión deficitario que los españoles pagamos. Es posible que Radio Televisión Asturiana eche el cierre. De momento su presupuesto de 37 millones de € anuales se ha reducido en 11,3; recorte que a los sindicatos y empleados – 100 directos y 600 indirectos – de dicho ente público no ha sentado bien al ver como su empleo peligra. ¿Saben cuál es el coste de tan solo una hora de programación en la entidad asturiano? 2.684 €. Una cifra desorbitada y que cuesta entender que se mantenga cuando los recortes sociales han comenzado a ser palpables.

Lo sangrante llega cuando analizamos el coste total de las televisiones autonómicas más RTVE que es de 2.000 millones de € anuales. Los empleados de Canal Nou (Valencia) y TV3 (Cataluña) cada una por su lado es superior a la suma de Antena 3 y Telecinco.  El congelar las pensiones ha conllevado un ahorro estatal de 1.500 millones de €. Es decir, que el gasto del entramado público televisivo es superior en 500 millones al recorte de pensiones.

La televisión pública andaluza ha disfrutado en 2010 de un presupuesto de 156 millones de € estimándose sus pérdidas en 24. TV3 de Cataluña soporta 481 millones de € de gasto anual mientras que el presidente autonómico, Artur Mas, se dedica a la reducción de servicios sanitarios para rebajar el presupuesto catalán, olvidándose de que en su empresa de comunicación pública trabajan 2.700 empleados.

Fuente: La Información

Y seguimos con datos. El precio que se paga por la televisión balear es junto con la vasca de los más caros: su coste por hogar es de 233 €. TeleMadrid, en la otra parte, es la más barata no llegando a los 70 €. Mientras que Esperanza Aguirre ahorra 80 millones de € al no contar con los profesores interinos en los colegios públicos madrileños, se olvida que la cifra es similar al coste de mantenimiento de la televisión y radio pública.

Resumiendo y realizando una media simple entre el dispendio de la FORTA, la cuantía a pagar por cada hogar es de 126 € anuales más 61 € por RTVE. Un gasto por unas televisiones públicas autonómicas que no llegan – entre todas – al 10 % de audiencia.

Este tipo de empresas prestan un servicio que lo realizan también las privadas en un mercado audiovisual y periodístico plural; incluso han competido entre ellas en lograr unos derechos televisivos deportivos por los que las públicas han pagado una cifra descomedida que no lograrán reembolsar gracias al mercado publicitario inexistente en ellas. Y no incluimos los favoritismos hacia productoras afines al partido gobernante que realizan programas que reconforten al político. ¿Labor social? ¿Pluralidad? Son términos desconocidos y poco aplicables a un entorno público salpicado por dudas, gestiones erróneas y poco claras. Si clama al cielo que es ineludible una rebaja del gasto público improductivo si no se quieren desechar las partidas sociales, ¿por qué no se empieza por excluir de las empresas públicas un servicio deficitario y ya cubierto por las televisiones y radios privadas?