Dicen que si José Luís Rodríguez Zapatero ya no aparece frente a la opinión pública para explicar sus decisiones es porque ha perdido los principios con los que llegó a la Presidencia del Gobierno. No ha salido a argumentar la prórroga del Estado de Alarma, ni siquiera fue visto cuando éste se decretó. Se están acortando los derechos sociales y los sindicatos amenazan por ello con una nueva Huelga General – impuesta que no deja trabajar al que quiere –. Como digo, sus orígenes se han convertido en dilema, incluso, al desaparecer su Ministerio estrella, el de Igualdad, con su “miembra”, Bibiana Aído, más conocida por sus despropósitos y meteduras de patas conjunto a su incompetencia que por su ejercicio en el trabajo por el paralelismo entre hombres y mujeres.
El PSOE de Cantabria también se caracteriza por su pérdida de carisma, votos y fuerza política aunque no desperdician la oportunidad de llevar a cabo un código que imponga, en mayúsculas, la paridad dentro de las Administraciones Públicas. Lo cuenta El Diario Montañés en su edición del domingo 19 de diciembre y es una propuesta de la Dirección General de la Mujer – en manos de Dolores Gorostiaga – según la cual “la primacía numérica de los hombres en los ámbitos de decisión de la Administración cántabra tienen los días contados”. Se pretende que dentro de los consejos de las empresas públicas, un mínimo del 40% de los puestos estén en manos femeninas. Esto se asignará desde el nivel de subdirecciones generales hacia arriba además de en los Consejos de Administración de las empresas públicas y de responsabilidad profesional dentro de la Sanidad y la Educación pública. Da ejemplos la publicación periodística como que en el próximo gobierno regional, tendrían que ejercer 4 mujeres y no 2 como ahora si existiesen el mismo número de consejerías. Caso especial es el de Sodercan, sociedad pública, donde la remodelación debería ser faraónica ya que sólo existe una mujer dentro de un Consejo con 17 puestos.
Lo que más me inquieta y me llega a exasperar es que las empresas privadas de Cantabria deberán inspirarse en la Ley que se efectuará en las AAPP si quieren, cito textualmente, “contratar con la Administración o recibir cualquier clase de subvención”. En otras palabras, deberán presentar planes de igualdad y así dárselo a conocer al organismo competente para que lo evalúen. Si el informe que se formule no es propicio, se les comunicará que deben designar un consejo mixto para que sus solicitaciones acaben siendo aprobadas.
¿Por qué motivo hemos llegado a esto? ¿Qué necesidad hay de imponer la igualdad mediante decretos y Leyes? No llego a comprender la razón por la cual la mujer o el hombre deben de estar en un Consejo de Administración en un porcentaje de 40 % mínimo. La obligación de paridad como si de un impuesto se tratara, priva de libertad al ámbito privado donde el Estado debe controlar pero no meter la mano. Me parece ridículo que una empresa tenga trato de favor en caso de conseguir una concesión pública por tener un Consejo de Administración proporcional. Y me resulta más abusivo cuando, ni siquiera ahora, el sector público lo cumple. ¿Qué ocurre? ¿No había mujeres capacitadas para copar más puestos en los cargos cuando éstos se nombraron? ¿Tenía predilección masculina el Gobierno de Cantabria por aquella época? Y la muestra de la disonancia: el Gobierno de España que comenzó siendo paritario quedó en el olvido tras las remodelaciones del mismo.
Que por imposición socialista la alta administración pública deba ser paritaria es algo inaudito y con carencia de razón. ¿Qué ocurre si para un Consejo público existen más mujeres propicias para el cargo que hombres? ¿Han de quedarse fuera éstas para que entre un varón cuyas capacidades puedan ser más moderadas? O viceversa. ¿Ayuda esta medida a las empresas en la época de aprieto en la que se encuentran? Es de mi parecer más efectivo hacer una política de fomentación de creación de empresas tanto para mujeres y hombres mediante ayudas o subvenciones – que nunca deben ser un regalo pero sí una motivación – con el fin de que los emprendedores reactiven una economía sin ánimos de crecer saludablemente.
He querido ser claro y conciso. El titular de “sin igualdad no hay subvención” que utilizaba Violeta Santiago en su artículo deja bien claro cuál es la intención gubernamental. Leyes y órdenes tales como ésta no hacen más que aumentar la brecha de desigualdad que pueda existir en la sociedad afectando de forma negativa al ámbito femenino. Su imposición no es natural, no es algo con lo que la colectividad aprenda a valorar de igual manera las capacidades femeninas que masculinas. El enfrentamiento por un puesto con el fin de cumplir una paridad estúpida y que puede convertirse en injusta, acentúa las desavenencias en unas políticas sociales. Con ellas se intenta salvar el culo de un Gobierno que preservaba unos derechos a colectivos desprovistos de éstos y que, tras plantar el interés personal frente al común, obliga a ponerlos en marcha por decretos irracionales. Lo que no puedas conseguir mediante convencimiento no lo hagas por decreto. Algo que cualquiera con cordura entendería pero que los insensatos lo ignoran.
